CUÁNTO VALE EL AGUA?

Economía y Agua

Más allá de que existen múltiples aspectos que se pueden precisar, desde el punto de vista económico obviamente existen tantas posiciones como criterios para su operación, en este punto me refiero a los servicios específicamente.

En primer término, desde cualquier prisma ideológico que se pretenda enfocar el análisis, debe postularse la máxima cobertura posible, salvo limitaciones de la naturaleza o técnicas.

Aún antes de los pormenores, para devolver una primera sentencia macroeconómica, vale citar una que proviene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que destaca una situación, en principio incontestable, que:

" por cada dólar 1 (u$s) invertido en servicios sanitarios, la comunidad ahorra entre 7 y 10 dólares (u$s) en Salud".

La segunda verdad incontrastable es que estos servicios no admiten competencia, porque resulta inviable económica y técnicamente, razón por la cual  constituyen monopolios naturales.

Esta circunstancia, de todas maneras, pone en evidencia de que –cualquiera sea el régimen aplicado- existe un costo para las tres etapas o capítulos principales: 

Ejecución de las Instalaciones (infraestructura),

Prestación de los servicios sanitarios,

Mantenimiento o Renovación o Rehabilitación de las Instalaciones.

Estas instancias permiten precisamente, elaborar múltiples alternativas ya que, en mayor o menor grado, cada uno de ellas tiene significación económica y admiten variables o combinación de ellas, con significaciones propias y particulares en cada caso.

PH: Markus Spiske

Ello, por cuanto las dificultades o facilidades tienen relación directa con el tamaño de la comunidad a servir, el origen de la fuente de agua, su capacidad, la facilidad o no para disponer de los efluentes cloacales, todas circunstancias que requieren competencia técnica para cumplir con la máxima sanitaria (misión): 

“Servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre.”

Sucede que, una vez que se termina la ejecución de las instalaciones y ellas son habilitadas, la prestación del servicio –por definición- es para siempre.

De todas maneras, de las muchas posibilidades que se manifiestan, existen múltiples modelos y muchos de ellos responden a las realidades geográficas, socio-económicas, hasta culturales de cada lugar en el mundo.

Como en su concepción, aquellos que tienen una mirada economicista del agua (se incluye el saneamiento cloacal), el receptor de los servicios sanitarios debe asumir el COSTO TOTAL de todas las etapas o capítulos.

Hay quienes, por el contrario, pueden conceptualizar que, por ejemplo, el Estado que es quien puede adoptar decisiones en la economía global, en sus regulaciones y adoptar decisiones impositivas y de gasto público debe cubrir la totalidad de los costos.

Por caso, existen regulaciones que contemplan que el usuario a través de la tarifa toma a su cargo: la totalidad de los costos o de algunas de las etapas, incluso aunque se adopten criterios de subsidios, que pueden ser respecto de los usuarios como de los prestadores o de los que ejecuten las instalaciones que, como resulta de cada caso, pueden o no ser los prestadores.

Las posibilidades y los ejemplos son múltiples. Sólo por mencionar algunos, por ejemplo en Inglaterra, las tarifas contienen, en su valor, la totalidad de los costos: infraestructura, operación y mantenimiento y/o rehabilitación de los servicios.

En otros países se subsidian todas las etapas y en otros casos, como por ejemplo Chile, se subsidian los operadores, otorgando el Estado una asistencia por el valor de la factura al usuario que reúne ciertas condiciones sociales, de manera tal que pueda pagar las facturas de los servicios.

Esto significa, de antemano, que no es factible un esquema universal.

Existen alternativas y, a veces, responden a lo que condiciona la naturaleza, la cultura social, la situación económica, el estatus que se le otorgan a estos servicios o meramente cuestiones ideológicas.

Una forma de abordarlo resulta que, por principio, debe procurarse servir a la mayor parte de la población. A la vez, debe asumirse que se tienen que cubrir todos los costos y la decisión regulatoria explicita quién los toma a su cargo. Los mismos abarcan una gran variedad de alternativas que incluyen:

a)    Infraestructura básica, representada por plantas, grandes conductos, estaciones de bombeo que pueden abarcar o incluir áreas más importantes que la de un grupo o un barrio.

b)    Infraestructura para la distribución (agua) o colección (desagües cloacales) en un área o barrio específico que normalmente incluye cañerías menores, válvulas, conexiones, y – eventualmente- medidores. Todo hasta la línea municipal de cada vivienda.

c)    De la línea municipal hacia el interior de cada vivienda, se encuentran las instalaciones internas, que son responsabilidad de cada propietario o usuario.

En este aspecto aparece una división de responsabilidades, en especial sobre la calidad del servicio, ya que la prestadora es responsable hasta la línea municipal y el usuario desde ella hasta el interior de la vivienda.

d)    Los costos de operación que abarcan los de potabilización del agua, el tratamiento de efluentes cloacales, personal, energía, vehículos, comunicaciones, actividades para el desarrollo y laboratorios atención a los usuarios y administrativos entre otros.

e)    Finalmente, que no son menores los costos de mejora, mantenimiento, rehabilitación y renovación de instalaciones, que están dirigidos al funcionamiento y su continuidad en el tiempo.

Sin duda, el valor del agua posee una dirección multifocal: su dimensión social, su apreciación económica, su disponibilidad y el grado de demanda, entrelazan las variables para determinar que el valor del agua es discutible. 

Sin embargo, al estar vinculado a la vida, resulta ser de "valor imprescindible" para los seres humanos y la naturaleza en su conjunto.

Por lo que entendemos que su valor debe ser comprendido desde una dimensión holística, donde una Política de Estado que la ubica en su cartera de gestión, está convalidando su posición ideológica como Derecho Humano (tal lo declara ONU, 2010). 

En esa caso, tanto el valor y como su costo, se encuentran bajo el paradigma de una política integral. La gobernanza del agua debe incluir:  su partición en el PBI del país, generar empleo, desarrollar capacitación específica y propiciar el avance tecnológico. 

Desde este punto de vista, la Política del Estado en relación a su gestión debe establecer alianzas económicas de retorno social que permita garantizar la prestación de los servicios a la comunidad, en su integridad.