La Comunidad del Agua

LA COMUNIDAD ORGANIZADA COMO GARANTÍA PARA LA CUSTODIA DEL AGUA

Llegó la hora de concretar de una vez por todas una POLÍTICA DE ESTADO sobre el recurso hídrico de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional.  

La cuestión del AGUA sufre un proceso donde se evidencian dos imágenes que se enfrentan y exhiben la necesidad de una Política de Estado, que se refleje en un único sentido en todos los ámbitos. La temática se ha incorporado en la agenda nacional e internacional, casi de manera rutilante desde hace ya algunas décadas.

Sin embargo, como una reiteración consuetudinaria a lo largo del tiempo y de todo el territorio de nuestro país, la integridad de este recurso vital, se  sacrifica en aras de intereses económicos, con facilidad y sin reparo alguno.

No obstante ello, la sociedad como Comunidad Organizada y  Víctima de tal vulneración, viene adquiriendo importantes niveles de concientización e información, que le permite desarrollar conductas de exigencia hacia los que temporalmente tienen responsabilidades de gobierno.

En casos puntuales estas manifestaciones, como las recientemente llevadas a cabo en la Provincia de Mendoza en defensa de  la Ley Nº 7722 (conocida como la Ley del Agua), permitieron resultados respecto de los intereses comunitarios aunados en un justificado reclamo generalizado.

Al mismo tiempo, estos mismos llamados de atención, permitieron apreciar, como contraste, una ausencia de reacción, de reflejo político, de silencio, que evite, circunstancias como éstas.

La reacción de una sociedad que permaneció de pie frente a un legítimo reclamo, impidió la reglamentación de una ley y además siguó con énfasis hasta lograr la derogación de la misma ante el temor de un nuevo intento de reglamentación (se trata de la Ley N º 9209 conocida como la Ley Cianuro).

Este acontecimiento, que se traduce en un verdarero Hito en la lucha por la defensa del agua, debería estimular a los gobiernos, tanto de la Nación como de las Provincias, a adoptar medidas de carácter general y federal, que no dejen espacio para estos intentos, a veces explícitos y otros refugiados en los meandros de confusos articulados y reglamentaciones.

La única forma posible de dar prioridad y protección adecuada a nuestros recursos naturales es a través de la formación de una conciencia ciudadana que abarque a todos y que se traduzca en todos los aspectos de la vida y del funcionamiento del estado de derecho  en el que vivimos. No deben quedar resquicios para que haya dudas acerca de la prioridad que constituye el agua y su cuidado debiéndose erradicar los casos que aún pudieran subsistir.

Este accionar debe contemplar los espacios vinculados a la justicia y un vasto y profundo programa educativo que posicione al AGUA con todas sus particularidades y matices.

No puede ser soslayado por ningún análisis intencionado, no únicamente la importancia innegable del Agua y su relación con la Vida, sino que entre los hechos más salientes que deben alentarse es la advertencia contundente y documentada de los riesgos sobre su integridad.

Desde su uso descontrolado y abusivo, así como los efectos negativos y contaminantes que emanan de actividades industriales, agrícolas, mineras, o vinculadas a la extracción de gas y petróleo, que no se realizan sustentablemente.

A ello se suman las actividades agropecuarias o a construcción de obras que carecen de medidas mitigatorias por un impacto negativo en la naturaleza. Cabe reflexionar que, en todos estos casos, cuando no resulta posible ninguna remediación, la misma exige esfuerzos inconmensurables o tiempos harto prolongados.

En estos puntos resulta aconsejable una legislación abarcativa, integral, detallada y contundente, así, como la instrumentación de una organización  federal que sea activa frente a todas las alternativas, exigencias y contingencias que se producen en relación al agua.

Piénsese en algunos de los ríos de la República Argentina, empezando por el Río de la Plata y siguiendo por el Paraná, Jachal, Bermejo, Matanza – Riachuelo, Reconquista, Paraguay, Uruguay o la Laguna Setúbal como otros claros ejemplos de la desidia. 

La custodia solo puede garantizarla el Estado, a través de un organismo federal que concentre otros que existan y adquiera presencia, contundencia y resultados; de manera tal que se le asigne al AGUA definitivamente el posicionamiento que debe tener en todos los casos y como política de Estado sin soslayar  que el Pueblo convierte en una gesta sus reclamos insatisfechos y si hay una cuestión  que debe generar esta energía es justamente la cuestión del AGUA.

Lo sucedido en Mendoza es estimulante y, a la vez. Constituye un punto de inflexión que determine definitivamente UNA POLÍTICA DE ESTADO INTEGRAL Y FEDERAL DEL AGUA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

La luz roja que enciende la sociedad no debe ser ignorada por las autoridades, mas bien debe ser interpretada como una Alerta Social, como el disparador de acciones preventivas, ya que de otra manera, entraría en juego la accion de reparación cuando los reclamos de la sociedad no son atendidos a tiempo y el daño ya se ha producido. Máxime cuando se trata precisamente de los atentados contra la integridad de los recursos naturales.

Hijos de Dios, Hijos del Agua, Hijos de la Madre Tierra, la sociedad permanece en una constante vigilia en defensa de los Intereses de Todos para garantizar el derecho al disfrute de una vida digna. 

Sin recursos naturales saludables la planificación del futuro es incierta.